miércoles, 6 de junio de 2012

Los protegidos de Rajoy. Cómo destruye la democracia




El ajuste de la democracia es el más brutal de todos. Por encima de los recortes socioeconómicos. El mazo de la mayoría absoluta del PP, con apuntalamientos de CiU, inutiliza los mecanismos de control de la sociedad. El PP pretende que la democracia se limite al ejercicio del voto cada cuatro años. Y ni siquiera se respeta el programa electoral: su incumplimiento es la norma.
El PP emplea su apisonadora parlamentaria para proteger a los suyos destruyendo la democracia.
Hay una nube negra que tapa la investigación y las responsabilidades de quienes están bajo el manto protector de Rajoy. Una sociedad de castas se está estratificando. En ella los ciudadanos comunes tienen que aceptar el cumplimiento de la ley y los elegidos en este universo de desigualdades obscenas tienen vía libre para llevar a cabo los mayores atropellos, sin responsabilidad ni control. Los ejemplos son agotadores.
A medida que se conocen los detalles de los viajes y gastos pagados a cuenta de los contribuyentes del presidente del Consejo del Poder Judicial la indignación se vuelve insoportable. Cree Carlos Dívar que con una comparecencia a la prensa sin rendir detalles de los gastos cargados a su institución y que a todas luces eran de índole privada, se puede pasar página. El fiscal general del Estado, que responde de sus iniciativas al Gobierno, ha bloqueado las denuncias. El Gobierno y CiU impiden su comparecencia en el Congreso de los Diputados. ¿Qué vías quedan para que los ciudadanos conozcan de las andanzas y los gastos de este personaje?
La Audiencia cierra la investigación de la evasión fiscal de la familia Botín con un acuerdo entre Hacienda y los presuntos delincuentes. Al margen de la insoportable amnistía fiscal, la investigación de un delito tan grave como la evasión de dos mil millones de euros, se zanja con el pago del diez por ciento, doscientos millones de Euros, sin sancionar esos delitos. Y los Botín ya tienen blanqueado su inmensa fortuna en Suiza.
La amnistía fiscal permite “blanquear” cualquier cantidad sin declarar su procedencia. Basta un simple formulario para eximir de cualquier responsabilidad a cambio del pago del diez por ciento del capital que puede proceder de cualquier parte y de cualquier actividad. ¿Por qué no una amnistía fiscal para los parados, los pequeños empresarios que han quebrado y las familias desahuciadas?
Aprovecharán quienes se han enriquecido con el narcotráfico y la trata de blancas esta oportunidad de traer su dinero en una maleta e ingresarlo como dinero “limpio” en una cuenta corriente. El fin, atraer capital, ¿justifica los medios?
El inmenso disparate de BANKIA se pretende cerrar con inyecciones multimillonarias de dinero público, sin que todos y cada uno de los responsables se expliquen en sede parlamentaria. Quiénes cobraron obscenas gratificaciones, jubilaciones o finiquitos de sus contratos, amparados en el carácter privado de las entidades afectadas, no se plantean devolver el dinero, ahora que hay una intervención pública.
Se ha roto el pacto esencial entre representantes y representados que exige que la transparencia y la igualdad de los ciudadanos ante la ley sea irrenunciable. Se abre la vía a la legitimidad de la insumisión ciudadana exigiendo el mismo trato que el Gobierno da a estos elegidos. Renunciar a la transparencia deteriora de tal manera a las instituciones que hace que sea posible deducir que esta no es una sociedad que cumple el mínimo de calidad para ser considerada un estado de derecho y democrático.
Estos inmensos errores son un ajuste a la democracia de mayor calado aún que las medidas que convocan a millones de españoles a la desesperación y a la pobreza.



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